Juez frena orden de captura contra Silvano Aureoles
Un secretario en funciones de juez federal suspendió provisionalmente la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
La decisión judicial impide que se haga efectiva la captura del exmandatario, a quien se le señala por delitos graves relacionados con corrupción y mal manejo de recursos.
La Fiscalía General de la República acusa a Aureoles por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estos delitos estarían vinculados con la compra presuntamente irregular de cuarteles para la Guardia Civil en al menos siete municipios de Michoacán. La suspensión fue concedida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, donde se admitió a trámite la demanda de amparo correspondiente.
El acuerdo judicial señala que la medida tiene como fin evitar que se ejecute la orden de arresto mientras se resuelve la suspensión definitiva. Además, se fijó una garantía de 52 mil pesos que deberá ser cubierta por Aureoles en un plazo de cinco días.
El secretario en funciones advirtió que, aun si se impusiera prisión preventiva, la suspensión impide que sea privado de su libertad en este momento. De acuerdo con la FGR, el daño patrimonial causado por Aureoles y excolaboradores asciende a más de tres mil 400 millones de pesos.
Exfuncionarios vinculados a Aureoles
Los recursos públicos se habrían desviado mediante la compra a sobreprecio de instalaciones para la Guardia Civil en siete municipios clave del estado. En marzo pasado, cuatro exfuncionarios de su administración fueron vinculados a proceso por los mismos hechos y delitos que se le imputan a Aureoles.
La jueza Patricia Sánchez Nava resolvió que existen elementos suficientes para que enfrenten un proceso penal formal en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Los imputados son Carlos Maldonado, Antonio Bernal, Mario Delgado y Elizabeth Villegas, todos exservidores públicos en áreas financieras y de seguridad. Durante la audiencia, se reveló un acuerdo reparatorio por casi mil millones de pesos firmado entre la inmobiliaria proveedora y la FGR.
Sin embargo, dicho acuerdo se celebró antes de la judicialización del caso y solo beneficia a la empresa, no a los exfuncionarios implicados. La defensa de Aureoles argumenta que ese acuerdo debería aplicarse también a su cliente, lo cual será debatido en próximas audiencias del proceso.
