El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en aprietos luego de que un juez de distrito ordenara frenar el proceso electoral judicial, otorgando un plazo de 24 horas para acatar la medida. Francisco García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima, ha sido el encargado de emitir esta decisión.
La notificación de la suspensión provisional fue concedida a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en un hecho que ha generado controversia y debate en el ámbito legal.
El juez Contreras ha sido claro en su advertencia, señalando que en caso de incumplimiento se impondrá una multa de 54 mil 285 pesos a cada uno de los miembros del Consejo General del INE, además de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
García Contreras recordó que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece que se le impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, así como una multa de cincuenta a quinientos días, además de la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo, al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Asimismo, dio a conocer que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró infundado el recurso de queja presentado por la FGR para impugnar la suspensión, lo que agrega un nuevo capítulo a este conflicto legal. El INE, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales se encuentran en el ojo del huracán, con la presión de acatar la orden del juez y detener el proceso electoral judicial en curso.
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