El proceso judicial que enfrenta Hernán “N”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Barredora”, ha tomado un nuevo respiro legal. Durante una audiencia celebrada en el estado de Tabasco, un juez de control concedió una ampliación de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta prórroga fue solicitada formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el argumento de que aún es necesario procesar y analizar un volumen considerable de datos de prueba para presentar una acusación sólida ante los tribunales.

Los detalles de la audiencia

Tras escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica del imputado, el juez determinó que la solicitud de la Fiscalía era procedente y justificada. Con esta decisión, el nuevo plazo para concluir las indagatorias se ha fijado para el 24 de marzo de 2026.

Durante este periodo adicional, las autoridades buscarán profundizar en las conexiones de la organización criminal y las presuntas actividades ilícitas que se le atribuyen al exjefe policial durante su encargo público y posterior a este.

Bajo el rigor del Altiplano

A pesar de que el juicio se desarrolla en Tabasco, Hernán “N” no se encuentra en la entidad. Debido a su perfil de peligrosidad y la naturaleza de los cargos, el exfuncionario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, mejor conocido como el Penal del Altiplano, en el Estado de México.

Además de su situación personal, el patrimonio del exsecretario sigue bajo la lupa de las autoridades. Diversas propiedades ubicadas en Tabasco continúan aseguradas y bajo investigación, como parte de la estrategia para desmantelar la estructura financiera de la célula delictiva que presuntamente lideraba.

¿Qué es «La Barredora»?

Para entender la magnitud del caso, es necesario recordar que “La Barredora” ha sido señalada como una de las organizaciones generadoras de violencia más activas en la región del sureste mexicano. La detención de quien fuera el encargado de la seguridad pública en el estado bajo cargos de liderar este grupo representa uno de los golpes más significativos —y polémicos— a la estructura delictiva y a la presunta infiltración criminal en las instituciones de justicia.

Con esta ampliación, la Fiscalía tiene el reto de presentar pruebas contundentes que vinculen las actividades del exsecretario con las operaciones de la organización, en un caso que sigue siendo prioritario para la agenda de seguridad nacional.