Una jueza federal determinó que Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permanezca en libertad condicional mientras se define si será vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para el próximo martes, luego de que la juzgadora consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes para justificar la prisión preventiva.

Jueza cuestiona actuación de la FGR.

Durante la audiencia, la jueza Nora Ileana García Peralta señaló que la Fiscalía no acreditó haber realizado acciones suficientes para localizar a Gilda Lozoya en los últimos tres años ni demostró que hubiera sido citada previamente para comparecer ante las autoridades.

Por ello, determinó que no existían elementos para imponer la prisión preventiva, al considerar que dicha medida cautelar únicamente debe aplicarse cuando existe riesgo de que la persona evada la acción de la justicia.

La investigación está relacionada con el caso Agronitrogenados.

Gilda Lozoya fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras arribar en un vuelo procedente de Ámsterdam, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

La FGR la señala por su presunta participación en operaciones financieras que, según la acusación, habrían servido para ocultar el origen ilícito de recursos utilizados en la compra de una residencia valuada en 2.8 millones de dólares en 2012.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que habría participado en el presunto lavado de 3.4 millones de dólares que, de acuerdo con la investigación, su hermano Emilio Lozoya recibió como soborno por parte del empresario Alonso Ancira, en el caso relacionado con la compra de Agronitrogenados.

Deberá cumplir diversas medidas cautelares.

Aunque permanecerá en libertad, la jueza impuso diversas medidas cautelares a Gilda Lozoya.

Entre ellas destacan la obligación de presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares, portar un brazalete electrónico en un plazo de diez días, entregar su pasaporte y no salir de la zona metropolitana ni del país.

Al término de la audiencia, Gilda Lozoya aseguró que acudirá a la próxima cita judicial y afirmó que el proceso en su contra constituye una «persecución política y de género», declaraciones que forman parte de su postura de defensa.

Por su parte, la FGR informó que impugnará la resolución emitida por la jueza.

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