Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a favor de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, lo que impide su aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por tiempo indefinido. El fallo fue emitido por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, quien también estableció una nueva garantía de un millón de pesos para mantener la medida cautelar vigente.

De acuerdo con el acuerdo judicial publicado este martes, la audiencia incidental se celebró el día anterior y derivó en la decisión de conceder la suspensión definitiva. No obstante, la resolución también negó esta protección contra otros actos no especificados en el documento. La jueza indicó que Aureoles deberá exhibir el nuevo billete de depósito en un plazo máximo de cinco días, condición necesaria para que continúe surtiendo efecto la suspensión definitiva.

FGR denunciará a la jueza por presunta parcialidad

En respuesta a esta resolución, la FGR anunció que emprenderá acciones penales contra la jueza Vargas Alarcón, a quien acusó de haber brindado una “escandalosa protección” al exmandatario michoacano. Asimismo, la institución informó que presentará una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se investiguen los criterios de la juzgadora.

La Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, cuestionó que Aureoles no se haya presentado el pasado 9 de mayo, fecha en la que debía acudir personalmente como parte de los requisitos de la suspensión provisional. Según la FGR, aunque no compareció, la jueza lo dio por "comparecido" basándose en un escrito no ratificado, lo cual, a juicio del Ministerio Público, violó el procedimiento establecido en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que la audiencia se lleve a cabo dentro de los 15 días siguientes.

En lugar de sancionar la inasistencia, la jueza Vargas reprogramó la audiencia para dentro de tres meses, una decisión que la FGR calificó como "parcial y dilatoria", además de legalmente injustificada. La Fiscalía sostiene que ya se contaban con los elementos suficientes para que la orden de aprehensión fuera ejecutada.

Imputaciones en puerta por presunto desfalco millonario

Por su parte, el pasado martes también se dio a conocer que Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Reclusorio Oriente, citó a Aureoles para una audiencia inicial programada para el próximo 20 de agosto. En dicha diligencia, la FGR planea imputarle los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

Estas acusaciones están relacionadas con un presunto daño al erario por más de 3 mil 400 millones de pesos, derivado de la compra con sobreprecio de cuarteles destinados a la Guardia Civil durante su gestión como gobernador.

Mientras tanto, el exgobernador se mantiene en libertad, protegido por la resolución judicial que impide su detención, al tiempo que se avecina una posible confrontación entre el Poder Judicial y la FGR por el manejo del caso.

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