La parálisis legislativa en Nuevo León podría llegar a su fin la próxima semana. La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso Local, Armida Serrato, inició este miércoles una serie de gestiones legales ante la Fiscalía Anticorrupción y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar la viabilidad de retomar los procesos de juicio político contra el gobernador Samuel García.

El estatus de los procesos

Actualmente, el Ejecutivo Estatal enfrenta ocho juicios políticos promovidos por el Congreso. Serrato detalló que tres de estos expedientes cuentan con suspensiones dictadas por la SCJN, por lo que viajará a la Ciudad de México el próximo viernes para conocer el estatus jurídico de dichos frenos. Entre los temas centrales de las acusaciones destacan:

1. Triangulación de recursos públicos: Investigaciones sobre el origen y destino de fondos estatales.
2. El «tarifazo»: El incremento en el costo del transporte público urbano.
3. Uso de firmas electorales: Presuntas irregularidades durante el proceso electoral de 2024.

Pese al avance técnico, la diputada priista reconoció que la viabilidad del juicio depende de la aritmética legislativa, ya que se requieren 28 votos para proceder formalmente contra el gobernador, un consenso que aún debe negociarse entre las bancadas.

Este nuevo capítulo ocurre en medio de una crisis de gobernabilidad en la entidad, donde la pugna entre el Ejecutivo y la mayoría opositora en el Congreso ha mantenido detenidos presupuestos y nombramientos clave durante meses. La resolución de la SCJN será determinante para definir si el conflicto escala al terreno judicial o se mantiene en el debate parlamentario.

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