La Cámara de Diputados de México dio un paso decisivo en el combate a uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía. Este martes, el Pleno aprobó con una amplia mayoría (409 votos a favor, 33 en contra y una abstención) la minuta devuelta por el Senado que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Con esta ratificación, el decreto está listo para ser promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación (DOF), elevando drásticamente las penas y fortaleciendo las herramientas legales para perseguir este ilícito.

El Endurecimiento de las Penas: 15 Años Mínimo de Prisión

El cambio más significativo de la nueva legislación reside en el endurecimiento de las penas. El dictamen final establece una pena de prisión de al menos quince años como mínimo y hasta veinticinco años como máximo para quienes sean declarados culpables del delito de extorsión.

Esta decisión representa una modificación sustancial respecto a la propuesta original, que preveía sanciones menores de seis a quince años de cárcel. El argumento principal de los senadores para impulsar esta modificación fue evitar que las penas iniciales pudieran beneficiar a personas ya condenadas.

Críticas Garantistas y la Aceptación Bicameral

Durante la discusión parlamentaria, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, autor de la reserva inicial, expresó su postura «garantista», cuestionando la eficacia de endurecer penas como la solución única a la crisis de seguridad.

A pesar de sus reservas personales, Monreal se allanó a las modificaciones realizadas por el Senado en un sistema Bicameral, señalando que la revisión entre cámaras es un proceso normal y necesario: «Las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra, y yo acepto la parte que me corresponde… Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”.

Castigo a la Corrupción: Sentencias de hasta 42 Años

La nueva Ley General pone especial énfasis en castigar la complicidad institucional, elevando las sentencias a niveles sin precedentes.

1. Agravantes por Servidores Públicos: Cuando la extorsión es facilitada por servidores públicos o por autoridades penitenciarias, la sentencia general (15 a 25 años) se eleva con un castigo extra de tres a cinco años. Esto significa que las penas combinadas podrían alcanzar los 30 años de prisión o más.
2. Omisión de Denuncia: Los funcionarios encargados de la prevención o impartición de justicia que omitan denunciar actos de extorsión serán castigados con diez a veinte años de prisión.
3. Uso de Tecnología en Cárceles: Quienes introduzcan sin autorización dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas, etc.) a centros penitenciarios, lo cual es vital para la extorsión telefónica, enfrentarán una sanción de seis a doce años de cárcel, sumándose a otras penas.

Bajo los escenarios agravantes, un servidor público que cometa extorsión y además omita denunciar, enfrentaría penas que podrían superar los 40 años, buscando desmantelar las redes criminales que operan desde dentro del sistema.

Investigación Especializada y Derechos Humanos

La reforma trasciende las penas y establece dos pilares fundamentales:

1. Respeto a los Derechos Humanos: Por primera vez, el texto legal obliga a que las autoridades actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, una disposición ausente en la minuta inicial.
2. Unidades Especializadas: La ley exige que las fiscalías (federales y locales) cuenten con unidades especializadas, personal ministerial y policial capacitado, evaluado y certificado para investigar la extorsión. Provisionalmente, las unidades de combate al secuestro asumirán esta tarea.

Finalmente, el dictamen asegura que los recursos económicos obtenidos de decomisos o extinción de dominio derivados de estos crímenes se destinarán preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas, buscando un resarcimiento integral del daño.