La Corte Suprema de Estados Unidos ha asestado un golpe significativo a la capacidad de los jueces federales para frenar decisiones presidenciales, otorgando una importante victoria al presidente Donald Trump. En un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal dictaminó este viernes que las suspensiones a nivel nacional emitidas por tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales".

La decisión, que contó con el apoyo de los seis jueces conservadores y la disidencia de las tres juezas progresistas, tendrá profundas implicaciones en el equilibrio de poderes y la supervisión judicial del poder ejecutivo.

El presidente Trump no tardó en celebrar la noticia, proclamando una "¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos!" en su plataforma Truth Social, e incluso sugirió que esto impactaba "indirectamente" el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El alcance del fallo y la preocupación por las "ordenes universales"

Es crucial señalar que, si bien Trump hizo referencia a la ciudadanía por derecho de nacimiento, la Corte Suprema no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de su decreto que busca abolir la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal. El foco del fallo fue la legitimidad de las órdenes judiciales universales, que un solo juez de un tribunal de distrito federal puede emitir para bloquear un decreto presidencial a nivel nacional mientras el caso se litiga.

La jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen mayoritario, fue clara al afirmar que "los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso". Añadió que, incluso cuando el poder ejecutivo actúa ilegalmente, "la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades".

Una larga batalla judicial

El caso que llevó a esta decisión se originó a raíz de un controvertido decreto firmado por Donald Trump el 20 de enero, día de su investidura. Este decreto buscaba negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o con estatus de residencia temporal, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos desde hace más de 150 años.

Dicho decreto fue impugnado y suspendido por tribunales de distrito en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que lo consideraron inconstitucional. Esta no ha sido la única vez que magistrados, tanto demócratas como republicanos, han congelado iniciativas de la administración Trump, muchas de ellas relacionadas con la política migratoria. Ante esta situación, el gobierno de Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.

Durante los argumentos orales del caso en mayo, tanto jueces conservadores como liberales de la Corte Suprema habían expresado su preocupación por el uso creciente de las órdenes judiciales a nivel nacional por parte de los tribunales de distrito en los últimos años. El juez Samuel Alito, de tendencia ultraconservadora, describió las órdenes universales como un "problema práctico" dado que hay cientos de jueces de tribunales de distrito, cada uno "convencido" de tener la razón.

John Sauer, asesor jurídico de la administración y quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial, comparó estas órdenes judiciales con un "arma nuclear", argumentando que alteran el "equilibrio constitucional de la separación de poderes".

La administración Trump había solicitado a la Corte Suprema que limitara la aplicación de una orden judicial de un tribunal de distrito únicamente a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.