Un juez federal ha dictaminado la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), la empresa metalúrgica más grande de América Latina. Esta medida se produce en medio de un escándalo de corrupción que envuelve al expresidente de la compañía, Alonso Ancira, quien enfrenta cargos por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

La sentencia fue emitida por la juez Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, Ruth Haggi Huerta García.

Según la orden judicial, la empresa deberá ser vendida para comenzar a pagar las deudas acumuladas, primero con los trabajadores que deberán ser liquidados; acreedores privilegiados y, finalmente, acreedores comunes.

Con la venta de los bienes de la empresa, se estima que 17 mil empleados de AHMSA deberán recibir su liquidación. Además, la empresa mantiene una deuda pendiente con Petróleos Mexicanos (Pemex) por un total de 216 millones de dólares por reparaciones relacionadas con la compraventa de Agronitrogenados.

Este caso es parte de un acuerdo reparatorio que Ancira firmó con la Fiscalía General de la República (FGR) para cancelar los cargos en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Agronitrogenados.

Según el acuerdo, el empresario debe pagar el monto total en tres cuotas, con la última cuota programada para noviembre de 2023. Sin embargo, la situación financiera de AHMSA se complicó aún más el año pasado cuando la empresa solicitó una prórroga de un año debido a planes de reestructuración que involucraban la posibilidad de recibir inversión extranjera.

Ahora, con la declaración de quiebra, Ancira enfrenta la presión de pagar la última cuota para evitar ser encarcelado nuevamente o solicitar una segunda prórroga basada en el proceso de liquidación en curso de AHMSA.

La historia de Altos Hornos de México está marcada por altibajos y crisis recurrentes. Fundada en 1942 en Monclova, la empresa pasó por la privatización en 1991 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La adquisición por parte de Ancira y su socio, Xavier Autrey, por 145 mil millones de pesos generó una deuda insostenible que ha afectado la estabilidad financiera de la compañía durante décadas.

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