Una nueva iniciativa legislativa, ya conocida como la “Ley Tupperware”, ha sido presentada en el Senado mexicano con un objetivo claro: reconocer a las trabajadoras de venta por catálogo en la Ley Federal del Trabajo y, con ello, garantizarles acceso a la seguridad social y a otras prestaciones laborales esenciales. La propuesta, impulsada por la senadora Cynthia López Castro, busca dar certeza laboral a un sector que, a pesar de su relevancia económica, opera en gran medida en la informalidad.

Un motor económico en la informalidad

En México, la venta por catálogo es una fuente de ingresos crucial para miles de familias. De acuerdo con datos de la plataforma Data México, más de 402,000 personas trabajan directamente como vendedoras por catálogo, y se estima que más de 3 millones de familias a nivel nacional han participado en esta actividad. De este universo, el 96.8% son mujeres, con una edad promedio de 47.5 años, lo que subraya la importancia de este trabajo como una herramienta de empoderamiento económico para muchas de ellas.

La senadora López Castro señaló que, a pesar de su relevancia, este sector no cuenta con un reconocimiento legal adecuado, lo que las deja sin acceso a derechos básicos. La iniciativa busca reformar el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo para incluir explícitamente a estas vendedoras, otorgándoles así un estatus formal y las protecciones que conlleva.

¿Qué implica la nueva ley?

De ser aprobada, esta reforma obligaría a las empresas a pagar el aseguramiento en el régimen del seguro social a sus vendedoras, garantizando derechos como acceso a servicios de salud, pensiones y otras prestaciones. Este cambio representa un giro significativo para un sector que, históricamente, ha sido excluido de los beneficios del empleo formal.

La propuesta también contrasta con un intento anterior de la Secretaría de Hacienda en 2019, durante el gobierno de López Obrador, de gravar con impuestos a las vendedoras por catálogo. En aquel momento, la iniciativa generó preocupación, ya que se percibió como una carga tributaria directa para las vendedoras, en lugar de para las empresas. La nueva “Ley Tupperware” busca, por el contrario, beneficiar directamente a estas trabajadoras, proporcionándoles estabilidad y protección social.