En una decisión histórica orientada a fortalecer el sistema de justicia con perspectiva de infancia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad de votos, que los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales no tienen la obligación de comparecer ante un juez durante el desahogo de pruebas. El fallo subraya que la exposición de los menores al entorno judicial en estos casos específicos constituye una forma de revictimización secundaria, derivada de la respuesta institucional y no del acto delictivo original.

El proyecto, elaborado por el ministro ponente Arístides Rodrigo Guerrero García, enfatiza que el interés superior de la infancia debe funcionar como una norma de procedimiento ineludible. Bajo esta premisa, las personas juzgadoras tienen el mandato de garantizar el acceso efectivo a la justicia y una defensa adecuada, pero sin vulnerar la integridad emocional de las víctimas. La resolución establece que las instituciones deben impedir que el proceso legal se convierta en una fuente adicional de trauma para los menores.

La resolución se deriva de un amparo directo en revisión interpuesto por los padres de dos menores, quienes impugnaron la orden de un Tribunal Colegiado que exigía la presencia física de los niños en el proceso contra su agresor. El caso involucra a un hombre ya sentenciado a más de 22 años de prisión por abuso sexual cometido contra sus propios hijos. Tras una serie de impugnaciones por parte del sentenciado, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal había ordenado la comparecencia de las víctimas, medida que la Suprema Corte ha dejado sin efectos de manera definitiva.

Con este criterio, el máximo tribunal del país establece un precedente obligatorio para todos los juzgados y tribunales de la República, priorizando el bienestar psicológico de la infancia sobre las formalidades procesales tradicionales que obligaban al careo o interrogatorio directo en casos de violencia sexual.

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