Leonardo Ariel Escobar Barrios, ciudadano colombiano residente en México, denunció haber sido víctima de desaparición forzada durante 14 días en Nuevo León, tras una detención arbitraria.

Su testimonio fue difundido en una conferencia organizada por la Universidad Iberoamericana Puebla, donde relató violaciones graves a derechos humanos y omisiones institucionales durante su privación de libertad.

Escobar desmintió la versión oficial que justificó su detención por un supuesto “altercado al orden público”, asegurando que nunca existieron pruebas ni procedimientos legales válidos. Detalló que permaneció tres días detenido ilegalmente en una celda de Apodaca, sin acceso adecuado a alimentos, agua potable ni atención médica especializada.

Durante su encierro, afirmó: “Me tuvieron sin comer bien y tomando agua de un grifo oxidado”, además de denunciar golpes y lesiones sin atención médica posterior. También señaló que autoridades asentaron falsamente que se negó a comunicarse con su familia, cuando en realidad nunca se le permitió realizar llamadas.

Detención invisible y exclusión de registros oficiales

Uno de los señalamientos más graves fue no aparecer en el Registro Nacional de Detenciones, lo que, afirmó, facilitó su desaparición y el desconocimiento de su paradero. Tras ser liberado, Escobar relató que se le impidió abordar un vuelo en el aeropuerto de Monterrey, quedando desprotegido y sin documentos personales.

Víctima de robo y sin recursos, sobrevivió varios días en la calle, experiencia que describió como límite físico y mental extremo: “Terminé casi muerto en las calles”. Su situación cambió cuando una patrulla de un centro de atención a adicciones lo encontró en estado crítico y lo trasladó de emergencia.

Aclaró que su ingreso al centro no fue voluntario, sino una acción para salvarle la vida tras hallarlo inconsciente y severamente deshidratado. Escobar vinculó su caso a una problemática estructural, denunciando discriminación por nacionalidad, pese a cumplir con requisitos migratorios como el prerregistro obligatorio.

Concluyó su testimonio señalando que su caso no es aislado y exige respeto irrestricto a derechos humanos, legalidad y protección efectiva para personas migrantes.

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