El reconocido periodista Joaquín López Dóriga adoptó una postura desafiante al negarse a contestar una serie de requerimientos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en relación con una reciente entrevista a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez en su programa de radio. Esta acción polémica generó reacciones por parte de la consejera electoral Claudia Zavala, quien afirmó la importancia legal de estos requerimientos para sustanciar los procedimientos de quejas.

Zavala, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias, explicó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe investigar y preguntar sobre aspectos relevantes relacionados con los procedimientos. Aunque algunas cuestiones pueden parecer obvias o conocidas, es necesario que todas las partes involucradas aporten información para integrar los expedientes correctamente.

En este sentido, Zavala recordó que las personas públicas y las jurídicas tienen que responder a estos requerimientos, ya que su respuesta es fundamental para el desarrollo de los procesos. Enfatizó que estos requerimientos no son acciones ociosas, sino que son cuestiones legales necesarias para impulsar los procedimientos y recabar los elementos pertinentes para verificar y comprobar las líneas de investigación abiertas.

La consejera también hizo hincapié en que la unidad técnica tiene la obligación de llevar a cabo estos requisitos, incluso cuando se trata de personas dedicadas al periodismo. Pese a las posibles inconformidades que puedan surgir, es fundamental para el Estado mexicano recopilar la información necesaria y presentarla como evidencia en el expediente correspondiente.

López Dóriga muestra su malestar y desecha los requerimientos del INE

La postura desafiante del reconocido periodista ha generado un amplio debate sobre la importancia de cumplir con los requisitos legales establecidos por las instituciones electorales, así como sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso electoral. Mientras algunos apoyan la posición de López Dóriga, argumentando la defensa de la libertad de expresión, otros resaltan la obligación de los actores públicos de aportar información y colaborar con las instituciones encargadas de velar por la legalidad de los procesos electorales.

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