El jefe de Gobierno, Martí Batres, ha enviado al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa llamada «Ley Michelada», que busca penalizar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. Esta propuesta, que forma parte de un paquete de cuatro iniciativas, pretende considerar la venta de alcohol en la calle como una infracción contra la seguridad ciudadana.

La «Ley Michelada» propuesta por Batres plantea que aquellos que incurran en la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos podrían enfrentar una multa de hasta 30 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), así como un arresto de 36 horas o trabajo comunitario. Sin embargo, se especifica que los establecimientos ubicados en ferias, romerías o festividades con permisos administrativos correspondientes estarían exentos de estas sanciones.

La regulación de la vivienda

Además, la iniciativa contempla penas de seis a 12 años de cárcel para los propietarios y responsables de locales que desacaten los sellos de clausura y suspensión de actividades. En cuanto a las otras propuestas enviadas por Batres al Congreso, dos de ellas están relacionadas con el tema de la vivienda. Una de ellas busca modificar la legislación para permitir que una parte de los inmuebles reconstruidos por el Gobierno local puedan ser alquilados, comercializados o vendidos. La otra iniciativa busca poner un límite a la renovación del registro de inmuebles destinados al hospedaje temporal, como los ofrecidos a través de Airbnb, una vez que hayan superado un determinado porcentaje de ocupación anual.

Estos buscan brindar certeza jurídica a la ocupación de los inmuebles en programas de vivienda popular y social, así como en arrendamiento, impidiendo su uso para actividades turísticas medidas eventuales. Además, Batres ha presentado una iniciativa para reorganizar el ejercicio del poder conforme a las figuras de democracia directa, mediante modificaciones a la Constitución local. La «Ley Michelada» propuesta por Martí Batres representa un intento por reforzar la seguridad ciudadana al penalizar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, mientras que las otras iniciativas enviadas buscan regular la vivienda y fortalecer la democracia directa en la Ciudad de México.

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