En julio de 2022, el gobierno de Navarro Quintero anunció el “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, asegurando propiedades por un presunto fraude de 21 mil millones de pesos, y 80 personas se ampararon, negando vínculos con exfuncionarios estatales. Más de 80 familias en Nayarit han obtenido amparos contra el megadecomiso inmobiliario impulsado por el gobierno de Navarro Quintero y la Fiscalía del estado. Durante el “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, se incautaron propiedades valuadas en 21 mil millones de pesos, bajo la acusación de presuntas irregularidades cometidas durante el sexenio de Ney González Sánchez.

Falta de pruebas y deficiencias judiciales en caso de Nayarit

Emmanuel Medina González, abogado independiente, representa legalmente a 15 de estas familias y asesora a otras 65. Él reveló que concedieron los amparos porque la Fiscalía General del Estado de Nayarit no presentó pruebas contundentes. Además, Medina señaló que los jueces de control no analizaron bien los casos y autorizaron los aseguramientos sin independencia judicial. El gobierno de Navarro Quintero dice que las propiedades que incautaron pertenecían al Fideicomiso Bahía de Banderas y que el exgobernador Ney González Sánchez las enajenó ilegalmente. Sin embargo, los que presentaron los amparos cuestionaron esta teoría y señalaron irregularidades en el proceso y falta de evidencia para respaldar las acusaciones.

Efectos de los amparos y preocupación por la inseguridad jurídica

Los propietarios de estas propiedades en Bahía de Banderas y Compostela se vieron afectados por el operativo, que surgió de una investigación sobre presuntas transacciones fraudulentas realizadas por exfuncionarios estatales, notarios públicos y otros actores implicados. Sin embargo, el abogado Medina resaltó que no se pudo establecer una conexión jurídica clara ni demostrar actos ilegales relacionados con la adquisición de las propiedades. Como resultado de los amparos otorgados, las inmovilizaciones de las propiedades han sido anuladas y se ha permitido a los propietarios disponer libremente de sus bienes. Sin embargo, algunos propietarios podrán hacer uso pleno de sus propiedades hasta enero del próximo año.

Esto ha generado satisfacción entre las familias afectadas, pero también ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema judicial y la falta de independencia en el proceso. El abogado Medina sostiene que este caso refleja una práctica indebida por parte de la Fiscalía y el Gobierno del Estado, y cuestiona la persecución de propietarios que son terceros ajenos a las presuntas irregularidades. Además, señala que los presuntos delitos que persigue la fiscalía podrían haber prescrito, ya que han pasado entre 12 y 18 años. Estas acciones podrían disuadir inversiones privadas y generar inseguridad jurídica en la región.

Persecución política y riesgo para la estabilidad

Medina denuncia que persiguen políticamente a él y a su familia, así como a otros miembros de la comunidad legal en el estado, y que afectan su libertad de expresión. Él considera que el gobierno actual ha recibido múltiples señalamientos y amparos por violar los derechos ciudadanos. Esta situación pone en riesgo la estabilidad jurídica y puede afectar negativamente el desarrollo de la entidad.

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