La reforma al artículo 19 de la Carta Magna para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa ha sido aprobada por un total de 17 congresos estatales en México. Este importante paso culmina su proceso legislativo y se espera que el próximo martes la Cámara de Diputados y el Senado emitan las declaratorias de constitucionalidad respectivas para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Las legislaturas locales han actuado de manera rápida y eficiente, aprobando esta reforma luego de su aprobación en el Senado. En un tiempo récord, desde el jueves los congresos estatales sesionaron de forma acelerada y ayer la mitad más uno ya habían dado su aval.

Este proceso vertiginoso también se ha visto reflejado en la reforma a diversos artículos constitucionales para la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). A tan solo 48 horas de su aprobación en el Senado, esta reforma cuenta con el respaldo de 14 congresos estatales, faltando solo tres para su aprobación total.

Delitos que ameritarán prisión preventiva

Entre los delitos que ahora ameritarán prisión preventiva oficiosa se incluyen la extorsión, la producción y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Estos delitos graves han sido aprobados por congresos estatales como los de Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

La discusión en el Senado ha generado divisiones, especialmente en el grupo del PAN, donde siete legisladores, entre ellos la coordinadora Guadalupe Murguía, han votado a favor de la reforma junto con Morena y sus aliados. Sin embargo, la oposición ha manifestado su rechazo argumentando que la prisión preventiva automática vulnera los derechos humanos, en particular el derecho a la presunción de inocencia.

El dictamen destaca la importancia de aplicar la prisión preventiva en casos como la extorsión o la producción de fentanilo, delitos que afectan la economía y la salud de los mexicanos. Evitar la impunidad a través de la puerta giratoria, donde los delincuentes pueden evadir la justicia manteniéndose en libertad durante su juicio, es fundamental para garantizar la seguridad y la justicia en el país.

De igual manera, se enfatiza la necesidad de castigar a quienes utilizan facturas y comprobantes fiscales falsos, un problema que ha afectado gravemente la economía y la integridad del sistema fiscal en México.

Con la aprobación de esta reforma por parte de la mayoría de los congresos estatales, se espera que se fortalezca el sistema de justicia en el país y se combata de manera más efectiva la impunidad en delitos graves.

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