El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados interpuso una demanda de juicio político contra José Arturo Salinas, presidente con licencia del Poder Judicial de Nuevo León y designado como gobernador interino por el Congreso del Estado.

Se trata de una acción llevado a cabo debido a las acusaciones de violaciones graves a la Constitución y usurpación de funciones por parte de Salinas, quien, según dijeron, legalmente está impedido para ocupar dicho cargo.

De acuerdo con los legisladores emecistas, el artículo 132 de la Constitución del estado establece claramente que los servidores públicos del Poder Judicial, aunque estén de licencia, no pueden desempeñar cargos en el gobierno. Hasta el 25 de octubre pasado, Salinas se desempeñaba como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

El líder de la bancada de MC, Jorge Álvarez Máynez, presentó la solicitud de juicio político, y argumentó que es inconstitucional que el titular del Poder Judicial ostente también el Poder Ejecutivo en la entidad. Además, se suma el hecho de que Salinas rindió protesta como gobernador interino con un gobernador constitucional en funciones.

Jorge Álvarez Máynez

Samuel García llevará el caso hasta la Suprema Corte de Justicia

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre, el Congreso de Nuevo León otorgó licencia a Samuel García, el gobernador en funciones, para separarse de su cargo con miras a las elecciones de 2024. Asimismo, se determinó que José Arturo Salinas asumiría como gobernador interino a partir del 2 de diciembre. Sin embargo, el gobernador Samuel García ha afirmado que este nombramiento es ilegal y por lo tanto, anunció su intención de recurrir a la Suprema Corte.

El partido MC ha tomado esta acción legal para garantizar el respeto a la Constitución y asegurar que el cargo de gobernador interino de Nuevo León sea ocupado por una persona que cumpla con los requisitos legales correspondientes. Se espera que el proceso de juicio político se lleve a cabo correctamente y se tomen las medidas necesarias para resolver esta situación.

Con esta demanda de juicio político, Movimiento Ciudadano busca proteger la integridad del Estado de Nuevo León y garantizar que las leyes se respeten por todos los servidores públicos. El caso de Arturo Salinas plantea importantes interrogantes sobre la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en la entidad, y el resultado del juicio político marcará un precedente para futuras designaciones de gobernadores interinos.

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