México enfrenta un importante desafío en su lucha contra la violencia relacionada con el crimen organizado que ha azotado al país durante años. En este sentido, el gobierno mexicano está tomando una medida sin precedentes al presentar sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos en contra de los fabricantes de armas estadounidenses.

En una audiencia programada para el 5 de marzo de 2025, México buscará que la corte permita que continúe adelante la demanda que interpuso en 2021 contra compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock y otras, a las que acusa de negligencia en la producción y venta de armamento que termina en manos del crimen organizado en México de manera ilícita.

La demanda mexicana, que busca reclamar 10 mil millones de dólares en daños, fue inicialmente desestimada en 2022 por una ley que protege a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso ilegal de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelación revocó ese fallo en enero pasado, lo que abrió la puerta para que la Suprema Corte intervenga en el caso.

Argumentos de fabricantes de armas

Los fabricantes de armas involucrados en la demanda han solicitado a la corte que determine si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos es la causa directa de los daños que México sufre debido a la actividad criminal. Asimismo, argumentan que las empresas no deben ser responsabilizadas por el uso ilegal que se hace de sus productos.

Por su parte, el gobierno mexicano ha presentado evidencia que sugiere que cientos de miles de armas de fuego ingresan anualmente de forma ilegal al país provenientes de Estados Unidos. México sostiene que los fabricantes de armas tienen conocimiento de este flujo ilícito de armamento y de los impactos devastadores que tiene en la seguridad pública.

La audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos será un momento crucial en esta batalla legal que enfrentan México y los fabricantes de armas estadounidenses. La decisión que tome la corte podría sentar un precedente importante en la responsabilidad de las compañías en la venta de armamento y su impacto en la seguridad nacional de otros países.

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