El Gobierno de México firmó el domingo un convenio para adquirir 13 plantas de generación de energía eléctrica que pertenecían a la empresa española Iberdrola. La operación se cerró por un monto de unos seis mil millones de dólares (unos cinco mil 580 millones de euros) y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa pública.

La compra incluye 12 plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como combustible y un parque eólico ubicado en el estado de Oaxaca. Estas instalaciones representan el 99 por ciento del beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola en el país y suman una capacidad instalada de cuatro mil 177 megavatios (MW). El 87 por ciento de las plantas operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, lo que significa que tienen contratos a largo plazo con la CFE para venderle la electricidad que generan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la compra como una “nueva nacionalización” y aseguró que se trata de un buen negocio para el Estado mexicano. “Vamos a ahorrar mucho dinero y vamos a tener más energía eléctrica”, dijo en su conferencia matutina. Según el mandatario, las plantas adquiridas estaban subutilizadas y ahora podrán producir más electricidad a menor costo.

¿Cómo realizó el gobierno de México la compra?

La operación cuenta con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México. El acuerdo se logró tras varios meses de negociaciones entre las partes, que iniciaron en abril pasado cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y López Obrador anunciaron el inicio de una nueva etapa en sus relaciones.

Iberdrola, por su parte, anunció que mantendrá su actividad con una cartera de seis mil MW de proyectos renovables para asegurar energía a sus clientes privados. La empresa española es una de las principales inversionistas en el sector eléctrico mexicano y cuenta con más de 10 mil MW instalados en el país.

La venta se produce en medio de una tensión entre el Gobierno mexicano y las empresas privadas del sector eléctrico, a las que acusa de abusar de los subsidios y competir deslealmente con la CFE. El Ejecutivo ha impulsado una reforma legal para dar prioridad a la energía producida por la empresa pública sobre la generada por fuentes renovables, lo que ha generado críticas y amparos por parte del sector privado y organismos internacionales.

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