La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a autoridades de Estados Unidos a Alexander Villatoro Moreno, conocido como “El Quichi”, señalado por participar en una red que trasladaba a agricultores mexicanos para obligarlos a realizar jornadas extenuantes en territorio estadounidense, sin pago y bajo amenazas contra ellos y sus familias.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Villatoro habría despojado a las víctimas de sus documentos de identidad, manipulado sus condiciones mediante deudas impuestas, y mantenido a los trabajadores en viviendas insalubres, con el fin de impedir que escaparan o denunciaran los abusos.

El ciudadano mexicano fue requerido por el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada y trata de personas. Asimismo, enfrenta cuatro cargos adicionales, incluidos conspiración para violar la Ley RICO y conspiración para cometer trabajos forzados, por hechos presuntamente ocurridos entre septiembre de 2015 y diciembre de 2017.

Villatoro Moreno había sido detenido en julio de 2025 en Chiapas, y tras el análisis de la solicitud estadounidense, el gobierno mexicano concedió su extradición. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes designados lo trasladaron a territorio estadounidense.

Según la acusación formal, “El Quichi” y sus coacusados contactaban a trabajadores agrícolas en México mediante promesas falsas sobre salarios, horarios y condiciones laborales en Estados Unidos. A las víctimas se les aseguraba que recibirían reembolsos por gastos de reclutamiento, lo cual nunca ocurría.

Posteriormente, los acusados engañaban a autoridades estadounidenses para tramitar visas H-2A, documento reservado para trabajadores agrícolas temporales. Una vez en EE.UU., los migrantes eran sometidos a trabajo forzado, bajo vigilancia y control mediante amenazas.

Las autoridades informaron que cuatro cómplices ya se declararon culpables, mientras que Villatoro Moreno enfrentará el proceso judicial correspondiente. En caso de ser declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

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