Ante la Organización de las Naciones Unidas, México reiteró su llamado urgente a un alto al fuego inmediato en Ucrania, a tres años del conflicto con Rusia. El país recordó la importancia de actuar conforme a los principios de la Carta de la ONU, buscando detener el número creciente de víctimas y pérdidas humanas.

Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, lamentó las graves consecuencias humanitarias, económicas, alimentarias y ambientales derivadas del conflicto, que afectan directamente a la población civil. Mientras no haya una solución política viable, México consideró indispensable proteger a los civiles, preservar infraestructura crítica y garantizar un acceso humanitario seguro y constante.

Condena a ataques y preocupación por armas

Vasconcelos subrayó la urgencia de iniciar negociaciones en condiciones realistas, acordes con la situación actual, para lograr un cese de hostilidades efectivo y verificable. El embajador condenó los recientes ataques masivos con misiles y drones sobre Kiev, los cuales han causado pérdidas de vidas y graves daños a infraestructura civil.

México insistió en la necesidad de regular la transferencia de armas en el conflicto, alertando sobre riesgos de desvío, uso indiscriminado y pérdida de control por actores no responsables. Vasconcelos reiteró que, mientras no exista un acuerdo diplomático, el enfoque internacional debe centrarse en proteger a la población civil y garantizar ayuda humanitaria inmediata.

El país también condenó los recientes ensayos nucleares y reafirmó su postura en favor de la eliminación total de armas nucleares a nivel mundial. México insistió en que la comunidad internacional debe priorizar la vía diplomática y las negociaciones multilaterales, promoviendo diálogo que permita soluciones sostenibles y evite escaladas militares mayores.

El llamado de México llega en un momento crítico, cuando las hostilidades continúan, afectando no solo a Ucrania y Rusia, sino también a la seguridad alimentaria y energética global. El embajador enfatizó que proteger la vida de civiles y mantener la infraestructura vital es esencial para reducir el impacto humanitario, y que el acceso a ayuda debe ser irrestricto.

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