A partir de este martes 17 de febrero de 2026, el panorama regulatorio para las inversiones en hidrocarburos, electricidad, geotermia y biocombustibles en México ha experimentado una transformación profunda. La Secretaría de Energía (Sener), bajo la firma de su titular Luz Elena González, ha puesto en vigor las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE). Este nuevo marco, que abroga el reglamento vigente desde 2018, se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, posicionando la justicia energética como un pilar innegociable para cualquier desarrollo de infraestructura en el país.

El nuevo procedimiento administrativo establece que todo interesado en desarrollar proyectos deberá presentar su manifestación a través de la Ventanilla Energía. Para asegurar un análisis proporcional a la magnitud de las obras, se han creado tres formatos específicos (A, B y C). El Formato C, el más riguroso, se aplicará a proyectos de gran escala, tales como la extracción de hidrocarburos, plantas de generación eléctrica con capacidad mayor a 250 megavatios y terminales de almacenamiento de combustibles que superen los 500 mil litros. Los tiempos de resolución se han fijado en 90 días hábiles para el sector de hidrocarburos y 90 días naturales para el eléctrico.

Una de las adiciones más significativas es la inclusión obligatoria de la Perspectiva de Género. Las empresas están ahora compelidas a recolectar datos desagregados por sexo y proponer medidas afirmativas que garanticen que las mujeres de las zonas de influencia tengan acceso equitativo a los beneficios económicos. Asimismo, la normativa refuerza la protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas. La Sener ahora posee la facultad de negar autorizaciones si una comunidad rechaza el proyecto durante la Consulta Previa, especialmente si la obra pone en riesgo la supervivencia cultural o física de los habitantes, siempre que no se determine una causa de interés público superior.

Finalmente, el Plan de Gestión Social deberá integrar una Estrategia de Beneficios Sociales Compartidos, cuyos recursos destinados deben ser, por ley, iguales o superiores a los montos asignados para la mitigación de los impactos negativos. De esta manera, la MISSE se constituye como una autorización definitiva e indispensable para el inicio de cualquier obra, siendo un requisito previo para obtener permisos adicionales ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

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