El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

La solicitud fue gestionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Embajada estadounidense y notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. Esto ocurrió luego de que, el pasado 11 de febrero, un juez federal rechazara concederle protección judicial tanto al exmandatario como a cuatro integrantes de su familia.

Cabeza de Vaca, quien gobernó la entidad entre 2016 y 2022, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por autoridades mexicanas. De acuerdo con reportes, residiría en territorio estadounidense, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su detención o el inicio formal del proceso de entrega.

Órdenes de captura y revisión judicial

Según los reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) promovió el trámite diplomático con base en una orden de aprehensión emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, existe una segunda orden de captura dictada en febrero de 2024.

La resolución judicial más reciente mantiene vigentes ambas órdenes al considerar que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal. No obstante, la primera orden permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un recurso interpuesto por la defensa.

En 2025, el exgobernador aseguró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra; sin embargo, la FGR sostuvo que dicha notificación solo fue suspendida temporalmente por determinaciones judiciales.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario afirmó contar con medidas judiciales que lo protegen contra su arresto y adelantó que impugnará la resolución más reciente ante un tribunal superior. Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han informado si procederán con la solicitud presentada por el Gobierno mexicano.

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