El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el primer Índice de Inclusión LGBTIQ+ en México, una herramienta que mide el nivel de integración de esta población en distintos ámbitos sociales. El país obtuvo una calificación promedio de 0.64 en una escala de 0 a 1, lo que refleja avances parciales, pero también importantes retos estructurales.

Avances en derechos y participación política

El estudio evalúa cinco dimensiones del desarrollo humano: educación, salud, bienestar económico, participación política y cívica, y seguridad personal y violencia. De acuerdo con el informe, México presenta mejores resultados en participación política y cívica (0.84), así como en salud (0.75), lo que evidencia un mayor reconocimiento formal de derechos y acceso institucional.

Sin embargo, el propio análisis advierte que estos avances no se traducen de forma homogénea en la vida cotidiana de las personas LGBTIQ+, ya que persisten condiciones de desigualdad y discriminación en diversos espacios.

Brechas persistentes en seguridad y educación

Las áreas más rezagadas son seguridad personal y violencia (0.43) y educación (0.48), lo que refleja la persistencia de agresiones, exclusión y barreras en entornos escolares. El informe señala que la discriminación continúa provocando abandono escolar, limitaciones en el acceso a empleo y obstáculos para recibir servicios de salud sin estigmas.

Daniel Vargas, representante residente adjunto del PNUD en México, afirmó que estas desigualdades no solo vulneran derechos humanos, sino que también representan una pérdida para el desarrollo del país.

“Cuando una persona abandona la escuela por discriminación o evita acudir a un servicio de salud por miedo al rechazo, no solo se afecta su proyecto de vida, perdemos todas como sociedad”, señaló.

El organismo subrayó que la inclusión LGBTIQ+ es una condición indispensable para el desarrollo humano sostenible y su vínculo con la Agenda 2030, aunque no aparezca de forma explícita en sus objetivos.

Finalmente, el PNUD llamó a fortalecer la generación de datos, armonizar el marco normativo y diseñar políticas públicas con enfoque de diversidad, con el fin de cerrar las brechas de desigualdad aún existentes en el país.

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