El gobierno mexicano se enfrenta este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos a raíz de una demanda interpuesta en 2021 contra varios fabricantes de armas.

La audiencia en Washington busca demostrar que estas empresas tienen conocimiento de que sus productos terminan ilegalmente en México, desafiando así la inmunidad de la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Representantes legales de México, liderados por Jonathan Lowy y el abogado Steve Shadowen, sostienen que la PLCAA no protege a los fabricantes en este caso particular. Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está presente para apoyar al equipo legal.

Según Arrocha, aún se debate la jurisdicción de la demanda, y se espera que la Corte Suprema emita una resolución en junio. Este caso subraya la prioridad del combate al tráfico ilegal de armas en la agenda bilateral de México y Estados Unidos.

«No es una audiencia necesariamente sobre el fondo todavía, sigue siendo un tema de jurisdicción sobre el que nos estamos peleando, la base de admisibilidad de las demandas», explicó.

La demanda se presentó inicialmente en Massachusetts, donde el juez Dennis Saylor desestimó a seis empresas, dejando a dos fabricantes enfrentando la Corte Suprema.

Este caso podría sentar un precedente significativo en la lucha contra el tráfico de armas.

La resolución de este caso podría cambiar el panorama legal respecto a la responsabilidad de los fabricantes de armas en el tráfico ilícito, con implicaciones tanto para México como para el resto del mundo.

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