Los mineros de la comunidad de La Plazuela, en el municipio de Peñamiller, Querétaro, han rechazado las acusaciones de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA) que los vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la explotación de minas de mercurio.

Rechazo a las acusaciones

Según el informe de la EIA, el CJNG estaría involucrado en la minería de mercurio en la región con destino a Sudamérica. Sin embargo, los mineros califican estas acusaciones de infundadas, asegurando que sus actividades se mantienen dentro de la legalidad, y que su principal fuente de ingresos es la comercialización del mercurio procesado.

Ante la mención de ‘minas fortificadas’, los mineros explicaron que las medidas de seguridad que han implementado, como arcos con cámaras y cadenas, son para proteger las instalaciones tras incidentes de robo. Además, la explotación de las minas está bajo el control de comités locales que operan con concesiones otorgadas.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades locales, como el secretario de Gobierno, Erick Gudiño, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez, han señalado que la regulación de la minería es responsabilidad de la Secretaría de Economía y que no han recibido alertas sobre actividades ilegales en las minas.

“Hace un par de días, en coordinación con Protección Civil estatal y municipal, así como con la policía estatal, realizamos un recorrido exploratorio en minas como Socavón de Almuerzo, La Fe, Guamúchil, San Carlos y Tres Picos. Nos entrevistamos con representantes de las minas, recabamos información y, con apoyo de herramientas aéreas, no encontramos situaciones que advirtieran riesgos de alto impacto. Continuaremos con recorridos constantes y comunicación permanente”, afirmó.

Además, mencionaron la cooperación con diversas instituciones para la vigilancia constante de estas áreas.

Finalmente, aún no se ha confirmado la autenticidad de un decomiso de mercurio en Perú, y se espera una investigación al respecto.

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