Un nuevo giro legal se presenta en Nuevo León, México, donde un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender la entrega de documentación por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera. Esta medida llega como resultado de una controversia constitucional presentada por el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, quien buscaba invalidar un oficio emitido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el gobernador, en la que se solicita la invalidez del oficio FEIF-2024-OP/000004. Este documento ordenaba a la Secretaría de Finanzas transferir una serie de documentos y expedientes a la Fiscalía, incluyendo contratos, organigramas y denuncias. Esta acción legal se suma al litigio en curso que busca evitar la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal a la fiscalía del estado.

Antecedentes del conflicto entre Samuel García y la Fiscalía

El gobernador García Sepúlveda recurrió a la Corte en medio de la disputa sobre la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal a la fiscalía estatal. En febrero de este año, el tribunal ordenó al mandatario publicar el decreto que ordena dicho traspaso, lo que refleja la complejidad y las tensiones en torno a esta cuestión.

En un desarrollo reciente, García Sepúlveda acusó a la Fiscalía de Justicia de filtrar documentación que lo relaciona con un supuesto movimiento millonario de triangulación de recursos entre empresas y la firma jurídica que comparte con su padre. Estas acusaciones añaden un elemento de controversia adicional a un conflicto legal ya complejo y de alto perfil en el estado de Nuevo León.

Implicaciones para la transparencia y la justicia

La suspensión de la entrega de información por parte del ministro de la SCJN plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en Nuevo León. Si bien es importante garantizar la protección de los derechos legales y constitucionales de los individuos, también es fundamental asegurar que las instituciones de justicia puedan acceder a la información necesaria para llevar a cabo investigaciones legítimas y eficaces.

El caso en curso entre el gobernador García Sepúlveda y la Fiscalía de Nuevo León continúa desarrollándose, con nuevos giros y desafíos legales que surgen regularmente. A medida que la disputa avanza, se espera que la SCJN emita nuevas decisiones que determinarán el rumbo futuro de este caso y su impacto en el estado y el país en su conjunto.

También te puede interesar: 

• Samuel García niega acusaciones de que ‘tranguló’ 200 millones de pesos con su despacho.