La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que tendrán un ajuste a las remuneraciones de ministras, ministros y servidores públicos de mando para cumplir con la orden de la reforma judicial que establece que ningún funcionario deberá ganar más que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Este ajuste llega con el presupuesto 2025 del máximo tribunal que ya fue aprobado y tiene que ser enviado al Poder Ejecutivo, que a su vez lo enviará al Congreso para su debate y aprobación.

Para poder cumplir con esta orden, el máximo tribunal informó que necesitaría 4 mil 813 millones de pesos para poder cubrir las remuneraciones y prestaciones de personal, además de las liquidaciones de los funcionarios que decidan no participar en la elección judicial.

El máximo tribunal pidió 5 mil 922 millones de pesos para su operación en 2025, lo que representa una disminución del 1.4% en términos reales comparados con este año.

De acuerdo con lo informado en la corte, durante un ejercicio inédito de análisis y discusión en el pleno del tribunal se aprobó el proyecto de presupuesto presentado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

Este monto es 23.7% inferior al que fue autorizado a la Suprema Corte hace siete años, es decir para el ejercicio fiscal 2018. Cabe mencionar que en los últimos diez años, se hizo el recorte más grande a los recursos solicitados con un equivalente de 321.9 millones de pesos, es decir un 5.3% de lo solicitado.

Este nuevo proyecto de presupuesto que se presenta se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que está sujeta a la legislación reglamentaria y secundaria que podrá implicar ajustes en el transcurso del siguiente ejercicio fiscal.

Con los 4,813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Alto tribunal.

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