El legislador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha puesto un alto a la expectativa de una decisión rápida sobre la iniciativa para adelantar la consulta de revocación de mandato. Monreal afirmó que la propuesta será objeto de una «discusión más amplia» y que el dictamen se tomará con «mucha prudencia y mucho cuidado», descartando cualquier precipitación.

Según Monreal, la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy Rangel, analizará mecanismos para profundizar el debate y asegurar la participación social en el proceso.

Sin Prisa para la Revocación y Énfasis en la Sociedad

El líder de Morena en la Cámara Baja reiteró la necesidad de que la sociedad esté plenamente informada sobre el tema.

«La Comisión va a realizar una discusión amplia sobre el tema,” subrayó Monreal, indicando que la propuesta “puede salir a final del año o puede esperarse hasta el segundo periodo ordinario”, que iniciará el 1 de febrero de 2026.

Monreal desmintió la existencia de cualquier iniciativa presidencial sobre el tema, confirmando que la única propuesta formal en análisis es la presentada por Ramírez Cuéllar. El calendario para el dictamen no está fijo, pues «lo está fijando esta instancia con autonomía y libertad».

El Agua como Tema Delicado: Audiencias Públicas a la Vista

En un frente paralelo, Monreal destacó que otro de los asuntos de mayor atención para el cierre de año es la Ley General de Aguas. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento ha recibido la instrucción explícita de «ampliar la discusión» y «escuchar a las personas y a las organizaciones».

El legislador calificó el tema como «delicado» y exigió actuar con «mucha sensibilidad» debido a las múltiples aristas que toca. Para garantizar una legislación cuidadosa, se realizarán audiencias públicas en la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana, extendiéndose por tres o cuatro días.

Monreal puntualizó que se dará voz a todos los sectores involucrados, incluyendo «todas las asociaciones civiles y organizaciones que tienen alguna relación con el agua en México», desde industrias refresqueras hasta embotelladoras. El propósito de la nueva legislación es que el Estado retome la rectoría de este recurso fundamental, pero sin que se afecten los derechos adquiridos de productores, campesinos y ejidatarios.