Ante la acelerada expansión de las herramientas digitales y la ausencia de un marco jurídico específico en el país, la diputada federal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, presentó este domingo una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El proyecto busca establecer lineamientos éticos y legales obligatorios para cualquier entidad que desarrolle o comercialice sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en territorio mexicano.

La legisladora por Puebla alertó que México se encuentra en una posición de vulnerabilidad frente a una realidad global donde 144 naciones ya han implementado regulaciones de privacidad. Según Rivera Vivanco, el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático en el país opera actualmente sin límites claros, lo que expone la privacidad, la seguridad y la dignidad de los usuarios.

Definición jurídica y alcance de la reforma

La propuesta se centra en reformar el artículo 1 y adicionar la fracción XXI al artículo 2 de la citada ley. La innovación principal radica en la definición formal de los Sistemas de Inteligencia Artificial como conjuntos de modelos diseñados para el aprendizaje y la toma de decisiones automatizadas que traten datos personales.

Con esta modificación, las disposiciones de protección de datos serían aplicables de manera obligatoria a:

1. Personas físicas y morales (nacionales o extranjeras).
2. Desarrolladores y comercializadores de tecnología.
3. Sistemas que interactúen con ciudadanos mexicanos, independientemente de su lugar de origen.

Prevención de abusos y ciberataques

Rivera Vivanco, quien también funge como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, recordó escándalos internacionales como el de Cambridge Analytica para ejemplificar cómo el uso no regulado de datos puede manipular procesos democráticos. Argumentó que los sistemas de IA son hoy objetivos prioritarios para la ciberdelincuencia debido a los inmensos volúmenes de información sensible que procesan como «insumo» para su funcionamiento.

“No se busca obstaculizar el progreso científico, sino garantizar que la innovación no se traduzca en una vulneración a la vida privada”, sostuvo la diputada. La iniciativa pretende consolidar el derecho a la autodeterminación informativa, obligando a las empresas tecnológicas a apegarse a parámetros de legalidad y transparencia, cerrando así la puerta a la ambigüedad jurídica que ha permitido abusos en el tratamiento de datos de los mexicanos durante los últimos años.

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