La dirigencia nacional de Morena expresó su respaldo al plan B de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual, aseguró, busca “acabar con los altos costos y privilegios de la burocracia electoral” y destinar más recursos a necesidades sociales.

A través de un desplegado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido, encabezado por Luisa María Alcalde, Carolina Rangel y Andrés Manuel López Beltrán, señaló que la iniciativa responde al “mandato democrático de millones de mexicanas y mexicanos” que demandan instituciones más austeras y eficientes.

“El plan B responde al mandato democrático de millones de mexicanas y mexicanos que exigen instituciones más austeras, eficientes y al servicio del pueblo”, indicó el documento.

La dirigencia morenista sostuvo que, desde la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno, se ha buscado reducir el gasto público en estructuras burocráticas que durante años absorbieron recursos que podrían destinarse a programas y servicios para la población.

Reducción de costos en congresos y municipios

Entre las propuestas del plan se encuentra reducir los altos costos que aún persisten en los congresos locales y en el Senado, así como establecer un tope máximo a los presupuestos legislativos, lo que permitiría redirigir recursos hacia servicios básicos.

De acuerdo con Morena, estos recursos podrían destinarse a obras y servicios municipales como agua potable, alumbrado público, bacheo y drenaje, prioridades para muchas comunidades del país.

Además, la iniciativa plantea establecer un límite en el número de regidoras y regidores en los ayuntamientos, con el objetivo de evitar excesos en la estructura municipal y fomentar un uso más responsable de los recursos públicos.

Nuestro Movimiento respalda el "Plan B" de la Presidenta de México, @Claudiashein. Son tiempos de definiciones y hoy el pueblo nos exige estar del lado correcto de la Historia. pic.twitter.com/TfoiABUIHe

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 14, 2026

Más participación ciudadana

Otro de los puntos centrales de la propuesta es ampliar los mecanismos de participación ciudadana, de modo que la población pueda ser consultada sobre temas electorales relevantes, como el monto de los recursos públicos que reciben los partidos políticos.

La iniciativa también propone que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, como una herramienta para que la ciudadanía evalúe el desempeño de sus gobernantes.

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