Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, continuará en prisión luego de que una jueza federal le negara el amparo con el que buscaba revertir la vinculación a proceso dictada en su contra por el presunto desfalco en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.

La resolución fue emitida por Viridiana Berenice Quiroz Ángel, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron suficientes, en esta etapa procesal, para sostener la imputación contra la exfuncionaria.

Villegas Pineda impugnó la actuación judicial al considerar que los elementos aportados por la FGR no cumplían con los requisitos legales. No obstante, la juzgadora concluyó que dichos datos resultaron “eficaces” para acreditar, de manera preliminar, la probable comisión de delitos y su posible participación en ellos.

En su resolución, la jueza subrayó que para dictar un auto de vinculación a proceso no se requieren pruebas plenas, sino indicios que permitan establecer que ocurrió un hecho tipificado como delito y que exista la probabilidad de que la persona imputada intervino en su realización.

Con ello, la exfuncionaria permanecerá interna en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, luego de que también se desechara el amparo relacionado con la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta tras su detención en marzo.

Villegas Pineda es una de las cuatro excolaboradoras y excolaboradores del exgobernador michoacano detenidos por el presunto esquema de corrupción relacionado con la edificación de siete cuarteles de la Guardia Civil, señalados por haber sido construidos a sobreprecio y con un daño al erario superior a 3 mil millones de pesos.

Junto con ella permanecen privados de la libertad Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; y Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas.

En días recientes, otro juez federal negó el amparo a Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, contra la orden de aprehensión girada en su contra por este mismo caso.

Por su parte, Silvano Aureoles Conejo, exgobernador del estado, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el presunto desvío de 1 mil 52 millones 222 mil 490 pesos, monto relacionado con los cuarteles construidos en los municipios de Huetamo, Coalcomán, Apatzingán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, lo que representa aproximadamente una tercera parte del daño patrimonial total que investigan las autoridades federales.

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