Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que el Gobierno Federal no caerá  en provocaciones acerca de la violencia y caos registrada el lunes en Chilpancingo, en el estado de Guerrero.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez confirmó que estas manifestaciones de violencia se originaron por dos personas detenidas y vinculadas a proceso relacionadas con el grupo delincuencial Los Ardillos.

“Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron el posesión de cartuchos, cargadores y drogas, y relacionados aparte con diversos delitos en esta región. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de esta dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos“, indicó.

La titular de SSPC indicó que se acordó con el Gobierno estatal sostener reuniones con autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos detenidos durante las manifestación violentas del lunes.

“Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación, autoridades federales y estatales privilegiaron el diálogo y en todo momento se evitó la confrontación, esto para evitar una mayor violencia o caer en provocación”, indicó la funcionario pública federal.

Transportistas y pobladores de distintos municipios del estado de Guerrero, ligados al grupo delictivo Los Ardillos, retuvieron a una decena de policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de un camión blindado y causaron destrozos en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, en una protesta que causó el colapso y el caos en la región.

La jornada violenta del fin de semana, que dejó cinco transportistas muertos, y la detención de dos de integrantes del grupo delictivo, continuó este lunes con una marcha de más de 2 mil personas, quienes tomaron por un momento las sedes estatales del poder Ejecutivo y Legislativo, además de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una política de “no represión” del Gobierno estatal.

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