El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dejado en claro que no hay evidencia de complicidad entre las autoridades y los grupos criminales en la instalación de 571 cámaras de videovigilancia ilegales en el estado.
Estas cámaras, que fueron descubiertas y retiradas en un operativo especial, estaban ubicadas en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato.
A pesar de esto, Rocha Moya reconoció que no se puede descartar la posibilidad de corrupción en este caso, ya que las instalaciones clandestinas fueron encontradas en diferentes puntos estratégicos.
Los operativos de búsqueda y eliminación de estas cámaras ilegales continúan en todo el estado, con un enfoque especial en zonas urbanas y rurales. Se ha detectado la colocación de estos equipos por parte de grupos delictivos que buscan tener control sobre su propia vigilancia.
Algunas de estas cámaras fueron camufladas junto a equipos de videovigilancia de particulares para pasar desapercibidas. Por esta razón, se ha implementado un operativo especial para localizar y eliminar estos dispositivos, que operaban de manera completamente independiente al sistema oficial de videovigilancia.
Acciones hasta ahora
Las autoridades han informado que se han retirado un total de 474 cámaras en los municipios de Mazatlán y Navolato, además de 46 cámaras en colonias y poblados de Culiacán. Estos dispositivos incluyen cámaras fijas alámbricas, PTZ inalámbricas y alámbricas, así como Access Point para internet.
Verona Hernández Valenzuela, vocera de Seguridad Pública, ha destacado que estas cámaras ilegales eran utilizadas para el monitoreo de las autoridades y los movimientos de grupos rivales en la zona.
Las investigaciones continúan para determinar si hubo participación de funcionarios en la instalación de estos sistemas y cuál era su alcance real dentro de la estructura del crimen organizado.
Las autoridades han reiterado que los operativos seguirán hasta eliminar por completo esta red de vigilancia ilegal en el estado. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a fortalecer la seguridad en Sinaloa y a prevenir la colaboración entre autoridades y grupos criminales en actividades ilícitas.
