El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, ha anunciado que el Comité Técnico del Poder Legislativo integrará a su proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros a todos los aspirantes registrados ante el Poder Judicial.
Esta decisión surge luego de que el Poder Judicial detuvo el procedimiento para la elección de juzgadores, acatando una suspensión definitiva dictada por un juzgado de distrito.
Fernández Noroña ha calificado la decisión del Poder Judicial como un «intento desesperado e irresponsable de descarrilar la elección de jueces» y ha confirmado la determinación de integrar a los aspirantes inscritos ante el judicial.
En una conferencia de prensa, el presidente del Senado, acompañado por diputados y senadores de Morena, afirmó: «Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y, si resultan en la insaculación, serán candidatas en el proceso electoral del 1 de junio de 2025«.
Asimismo, Fernández Noroña señaló que sería gravísimo que aquellos que se inscribieron de buena fe ante el Comité Técnico del Poder Judicial quedaran excluidos del proceso de selección debido a la irresponsabilidad y negligencia del Poder Judicial.
Senado presentará impugnación
El Senado de la República impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión de suspender el proceso de selección de aspirantes a jueces, con el objetivo de que se cumpla con lo establecido.
El presidente del Senado también cuestionó la resolución para frenar el proceso del Comité Técnico del Poder Judicial, argumentando que la Ley de Amparo establece la improcedencia de impugnaciones a reformas a la Constitución y a procesos electorales.
De esta manera, la decisión de integrar a los aspirantes inscritos ante el Poder Judicial al proceso de selección de candidatos a juzgadores ha generado controversia en el ámbito político y jurídico. Se espera que el proceso continúe conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes mexicanas.