Nueva Corte acuerda nombramientos administrativos
En la séptima sesión preparatoria rumbo a la entrada en funciones de la Nueva Corte el próximo 1 de septiembre, las ministras y ministros electos acordaron avanzar en los primeros actos administrativos, entre ellos la designación de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial, una pieza clave para el funcionamiento institucional del nuevo esquema judicial.
Este nombramiento, junto con otras decisiones administrativas que se prevén en el corto plazo, forma parte del proceso de transición hacia el nuevo modelo del Poder Judicial, que comenzará formalmente operaciones con la instalación de la renovada Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con los integrantes del pleno electo, estos nombramientos permitirán que quienes resulten designados asuman sus funciones de inmediato, con el fin de agilizar la toma de decisiones al interior del órgano encargado de la administración judicial. El objetivo, subrayaron, es garantizar la continuidad operativa y ofrecer certeza institucional a las personas que laboran en el Poder Judicial.
Durante la reunión también se analizaron los avances en la elaboración de proyectos de acuerdos generales, instrumentos que establecerán el marco normativo y operativo que regirá a la Nueva Corte en su primera etapa. Estos acuerdos serán clave para definir procedimientos internos, lineamientos de actuación y estructuras organizativas en el nuevo diseño judicial.
En el mismo encuentro, las ministras y ministros hicieron énfasis en que la Corte deberá respetar y proteger los derechos laborales de todas las personas que integran el Poder Judicial, reconociendo este compromiso como un principio esencial en la nueva etapa.
“La Suprema Corte estará vigilante en todo momento para que se garanticen los derechos laborales de sus integrantes, considerando este aspecto como fundamental para consolidar la reconciliación de la justicia con el pueblo de México”, señalaron en un comunicado conjunto.
El proceso de transición se da en el contexto de una amplia reforma judicial promovida por el Ejecutivo federal y avalada por el Congreso, que plantea un rediseño institucional con énfasis en la democratización interna, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema judicial.
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