Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumieron su cargo este 1 de septiembre con 1,168 asuntos pendientes por resolver, heredados por la integración anterior.

Entre estos destaca la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, uno de los temas más relevantes para el nuevo pleno judicial del país.

La Corte también recibirá controversias relacionadas con la reforma a créditos hipotecarios especiales promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los llamados “súper poderes” otorgados a la titular del INE.

Además, se incluyen casos vinculados a la creación del Sistema de Salud para el Bienestar y la eliminación del INAI con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Distribución y retos de los asuntos pendientes

Del total de 1,168 pendientes, 178 son acciones de inconstitucionalidad y 287 son amparos directos en revisión; 155 son amparos en revisión y 20 corresponden a amparos directos.

Otros casos incluyen 94 contradicciones de criterios, 168 controversias constitucionales, 22 declaratorias generales de inconstitucionalidad, tres denuncias de incumplimiento y cinco expedientes diversos de importancia legal.

Los ministros también deberán enfrentar el riesgo de sanciones, ya que la reforma judicial establece un plazo de seis meses desde el conocimiento del asunto para resolver los casos. La Primera y Segunda Sala del anterior pleno, que acumulaban 509 y 111 asuntos respectivamente, dejaron un rezago que ahora debe atender la nueva integración del máximo tribunal.

Durante la última sesión de la Corte con presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, Loretta Ortiz, presidenta de la Primera Sala, informó que se resolvieron 931 asuntos en 20 sesiones, sumando 1,214 al incluir dictámenes y egresos.

Por su parte, Javier Laynez, de la Segunda Sala, destacó que resolvieron 720 de 767 asuntos totales, dejando únicamente 47 pendientes que ahora asumirán los nuevos ministros, representando un 93.8 % de resolución oportuna.

El nuevo pleno judicial tendrá la responsabilidad de atender estos casos con eficiencia, garantizando resolución dentro de los plazos legales, mientras enfrenta temas de gran impacto social y jurídico en México. Se espera que la nueva SCJN logre equilibrar la carga de trabajo y genere decisiones judiciales que fortalezcan la certeza legal y la confianza en el sistema judicial nacional.

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