Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevaron a cabo este jueves su primer debate público en sesión del Pleno, marcando el inicio de una nueva etapa en el máximo tribunal del país.

El primer asunto abordado fue una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas a la Ley de Salud Mental del estado de Chihuahua. El proyecto de resolución, presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, propone declarar la invalidez de dicha legislación por no haber realizado una consulta previa a personas con discapacidad, tal como lo establece el marco legal nacional e internacional.

Consulta previa, derecho fundamental

El proyecto sostiene que la consulta a personas con discapacidad es una obligación vinculante, conforme al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por México. En este sentido, la omisión del Congreso de Chihuahua de consultar a este grupo poblacional en el proceso legislativo vulneraría sus derechos fundamentales.

“Permitir la subsistencia de lo ya legislado sin haberse consultado […] representaría de facto la supresión del carácter obligatorio del derecho a la consulta”, señala el documento.

En consecuencia, el proyecto propone declarar inválidas las reformas y adiciones publicadas el 29 de julio de 2023 en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua, por considerar que contravienen disposiciones internacionales suscritas por el Estado mexicano.

Nuevo formato de Corte abierta

Este debate marca un cambio significativo en el funcionamiento de la Corte. A diferencia de administraciones anteriores, todos los asuntos a tratar están acompañados de sus respectivos proyectos, los cuales son públicos y pueden ser consultados previamente por la ciudadanía, en un esfuerzo por fortalecer la transparencia y el acceso a la justicia.

La resolución de este caso podría sentar un precedente relevante sobre el alcance del derecho a la consulta previa y la inclusión efectiva de personas con discapacidad en procesos legislativos, especialmente en temas que afectan directamente su calidad de vida.

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