La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, ha generado controversia al expresar su desacuerdo con la suspensión temporal otorgada por jueces de Morelos y Chiapas para frenar la discusión de las reformas al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, programada para este día.

En una entrevista para el programa “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez” de Heraldo Radio, Sánchez Cordero manifestó su posición ante esta decisión judicial, argumentando que no existe una razón legal ni constitucional que respalde dicha suspensión.

La exministra señaló que, en su opinión, los supuestos para obtener un amparo no se cumplen en este caso, ya que no hay una norma o acto de autoridad concreto que esté siendo suspendido.

«¿Dime qué norma está suspendiendo, que esté afectando? ¿Qué acto de autoridad estás resolviendo para que otorgues tú la suspensión? Es decir, en mi opinión, todos los supuestos de la ley de amparo, todos los supuestos incluso de la Constitución para conceder una suspensión de oficio, no se están dando a cumplir, ni siquiera hay norma», enfatizó Sánchez Cordero.

La parlamentaria también mencionó que ha solicitado a los jueces involucrados que aclaren los motivos para la suspensión, asegurando que solo en casos donde esté en peligro la vida, la libertad, la propiedad o los derechos de una persona es justificable otorgar un amparo.

En este sentido, Sánchez Cordero resaltó la importancia de fundamentar jurídicamente la suspensión, especialmente cuando se trata de una discusión legislativa sobre una reforma.

Asimismo, la exministra indicó que, en caso de discrepancias con la decisión de los jueces, procedería presentar una queja ante el tribunal colegiado correspondiente para que analice la concesión de la suspensión y determine su validez.

Sánchez Cordero enfatizó la necesidad de garantizar el debido proceso en estos casos y asegurar que se respeten los principios legales establecidos.

Ante este escenario, la postura de Olga Sánchez Cordero respecto a la suspensión otorgada por los jueces ha generado un debate en torno a los límites del poder judicial y la urgencia de asegurar la legalidad en los procesos de amparo.

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