La violencia política en México ha cobrado la vida de 43 personas entre junio de 2023 y marzo del 2024, según el informe presentado por el Laboratorio Electoral, una organización dedicada al monitoreo de eventos electorales en el país.
Estos casos incluyen asesinatos, atentados, amenazas y secuestros, que han sembrado el temor en la población y han generado una fuerte conmoción en la sociedad mexicana. Entre las víctimas se encuentran políticos, candidatos y activistas de diferentes partidos políticos, que han sido blanco de la violencia en diferentes regiones del país.
Jesús González Ríos, exdirigente del PVEM en Copala, Costa chica, Guerrero, buscaba la alcaldía de esa localidad cuando fue asesinado. Otros aspirantes como Javier Torres, Moisés Tomás Juárez Abarca, Alejandro Lanuza Hernández, Wilman Monje Morales, y Miguel Ángel Cruz Robles también perdieron la vida en circunstancias violentas.
En total, 21 de las personas asesinadas eran aspirantes a una candidatura. Además de los asesinatos, el informe del Laboratorio Electoral también registra 18 atentados, 43 casos de amenazas y 5 secuestros.
Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa en Guerrero. De acuerdo con informes preliminares, el aspirante fue víctima del ataque justo en el momento en el que llegaba a su domicilio.
Protección del Gobierno
Ante estos asesinatos, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han implementado un programa de protección para los candidatos y candidatas en situación de riesgo.
Según datos actualizados hasta el 5 de marzo, un total de 23 personas han solicitado resguardo. Entre ellas las dos candidatas y el candidato a la Presidencia. Asimismo, se ha brindado protección a 3 candidatos a gobiernos estatales, 7 competidores al Senado y 10 aspirantes a una diputación federal.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, ha detallado que el programa de seguridad está siendo supervisado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación. La evaluación del nivel de riesgo de cada candidato determina la intensidad de la protección brindada. La cual puede ir desde un nivel bajo hasta un grado de riesgo elevado.
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