Con el objetivo de priorizar la salud de la población y la sostenibilidad ambiental, un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria, han presentado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum una serie de propuestas para lograr un sistema alimentario saludable, sostenible y justo.

Estas propuestas se centran en una política alimentaria y de salud integral, transversal, interinstitucional y transexenal, con el fin de abordar la epidemia de obesidad, la malnutrición en todas sus formas, la inseguridad alimentaria que afecta a las familias más vulnerables, la crisis ambiental y la cultura alimentaria en la sociedad.

En colaboración con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, se busca abordar los desafíos que impactan en la salud y el bienestar de la población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, así como de las comunidades rurales.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar medidas como el nuevo etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de la chatarra en escuelas y del maíz transgénico, es fundamental continuar trabajando en conjunto para alcanzar un sistema alimentario más saludable y equitativo.

Entre las propuestas presentadas se destacan la implementación urgente de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, el fortalecimiento de la lactancia materna, la creación de entornos escolares saludables, el acceso a agua de calidad, un etiquetado claro y sencillo de productos, la protección de los niños y adolescentes de la publicidad engañosa, impuestos especiales a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, la prohibición del glifosato y del maíz transgénico, así como la protección de la seguridad y soberanía alimentarias.

Se hace hincapié en la importancia de la participación ciudadana y la organización comunitaria para garantizar la atención en salud, la alimentación saludable, el acceso al agua potable y un medio ambiente sano.

Asimismo, se propone establecer un mecanismo de monitoreo y denuncia de la interferencia corporativa en las políticas públicas. Ante estos desafíos, es esencial que el gobierno actúe de manera urgente para proteger los derechos fundamentales de la población, promover un sector agroalimentario equitativo y sostenible, y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

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