En medio de un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de los órganos autónomos de transparencia en México, los comisionados de las 32 entidades federativas y el federal llamaron a un “diálogo abierto” y franco con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de evitar su desaparición.
La reunión, que se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, tuvo como principal tema de discusión las implicaciones de la reforma de simplificación administrativa propuesta, la cual contempla la eliminación de los órganos autónomos. Durante el encuentro, los comisionados coincidieron en que la mejor defensa de estos organismos será una discusión técnica e informada.
Piden combatir la desinformación
Julieta del Río, comisionada de transparencia, destacó que no debería sorprender a nadie la iniciativa de desaparición de los órganos autónomos, ya que han sido objeto de ataques desde 2018. Sin embargo, enfatizó en la importancia de combatir la desinformación con datos precisos, como el hecho de que la eliminación de estos organismos no representaría un ahorro de 100 mil millones de pesos.
Por su parte, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, señaló que desde el Inai se han explorado diferentes escenarios para mejorar la efectividad del instituto, haciendo hincapié en la transparencia, la austeridad y la racionalidad en el uso de los recursos públicos. Además, expresó su convicción de que las propuestas intercambiadas servirán para el diálogo propuesto.
Magda Lozano Ocman, coordinadora nacional de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, propuso la apertura de un diálogo con las autoridades entrantes para buscar puntos de convergencia que fortalezcan los derechos de los ciudadanos. Entre las medidas sugeridas se encuentra solicitar opiniones técnicas internacionales sobre la propuesta de reforma y fomentar la participación de la sociedad civil y la academia en el debate.
De esta manera, los órganos de transparencia han manifestado su disposición a entablar un diálogo con las nuevas autoridades con el objetivo de proteger la autonomía y los derechos ciudadanos en materia de transparencia. La propuesta de reforma que desarticula estos organismos representa, según los comisionados, un retroceso en los derechos humanos y un debilitamiento del equilibrio de poderes.
