La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó este lunes la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano transitorio que tendrá como objetivo impulsar un proceso amplio de consulta ciudadana sobre posibles modificaciones al sistema electoral mexicano. La instancia será encabezada por el exlegislador y funcionario público Pablo Gómez Álvarez.

Durante la presentación del decreto correspondiente, Sheinbaum explicó que la comisión tendrá entre sus principales tareas la organización de foros, debates y audiencias públicas en distintas regiones del país, así como la realización de encuestas de opinión, consultas presenciales y en línea. También elaborará estudios y propuestas que serán entregadas al Ejecutivo federal en enero de 2026.

El plan de trabajo contempla abordar temas como el financiamiento y fiscalización de partidos políticos y campañas electorales, la representación proporcional en el Congreso, la posible implementación del voto electrónico, la libertad de expresión en el ámbito electoral, y la regulación de la propaganda institucional.

La presidenta subrayó que la comisión no contará con recursos extraordinarios del presupuesto federal y que, para la realización de actividades públicas, se solicitará colaboración de gobiernos estatales y municipales. Además, precisó que la posición de Gómez Álvarez fue integrada a la estructura de la Presidencia, sin crear nuevos cargos.

Sheinbaum enfatizó que el proceso busca ser incluyente y plural: “Está abierto a todas las voces. Podrán participar legisladores, integrantes de partidos, consejeros del INE a título personal, organizaciones sociales y ciudadanos en general”, indicó.

Por su parte, Pablo Gómez sostuvo que la comisión se constituye al amparo del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que permite al Ejecutivo conformar grupos de trabajo temporales. Consideró que mientras otros ámbitos del Estado han sido transformados en años recientes, el sistema de partidos y la estructura electoral se han mantenido prácticamente sin cambios, lo que —a su juicio— ya no corresponde a la realidad política actual del país.

La Comisión deberá instalarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles tras la entrada en vigor del decreto. Sus conclusiones servirán como base para eventuales reformas legislativas o constitucionales en materia electoral.

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