A casi once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sus madres y padres confirmaron que sostendrán una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo martes en Palacio Nacional, en lo que será el cuarto encuentro con la titular del Ejecutivo federal desde que asumió el cargo.

Durante la movilización realizada el viernes en el marco de la jornada global por Ayotzinapa, familiares de los normalistas insistieron en la exigencia de avanzar en las investigaciones, esclarecer el paradero de los jóvenes y romper con la llamada “verdad histórica”, una narrativa oficial que desde 2015 ha sido ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.

Cuestionan recientes acciones oficiales

Los familiares manifestaron preocupación por lo que consideran un estancamiento en las líneas de investigación más relevantes, especialmente aquellas que involucran al Ejército.

Criticaron que la reciente deportación desde Estados Unidos de Édgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Wereke, señalado como un testigo clave en el caso, se inscriba dentro de los elementos que alimentan la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula —una hipótesis ampliamente refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.

“Están regresando a las líneas del basurero, con personajes como La Rana que están vinculados a la llamada verdad histórica, mientras no hay avances sustanciales en los documentos militares ni en las comunicaciones intervenidas”, señaló Mario González, padre de César Manuel, uno de los 43 desaparecidos, en entrevista durante la manifestación.

Demandas clave: archivos militares y regreso del GIEI

Las familias reiteraron que el acceso a más de 800 folios en poder del Ejército mexicano sigue pendiente, así como la integración de nuevas pruebas, entre ellas las intervenciones telefónicas que habrían captado conversaciones entre Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Iguala, y Gildardo López Astudillo, ex líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, en las que se menciona el posible traslado de 17 estudiantes a una zona conocida como Loma de Coyotes, en las afueras de Iguala, Guerrero.

También insistieron en la necesidad de que el gobierno de Sheinbaum facilite el regreso del GIEI, que concluyó su mandato en 2023 tras denunciar falta de acceso a información crucial y obstrucciones institucionales, especialmente por parte de las Fuerzas Armadas.

Una deuda pendiente del Estado

La desaparición de los 43 normalistas ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Diversas investigaciones han documentado la participación de fuerzas de seguridad locales, la colusión con grupos criminales y una respuesta oficial plagada de irregularidades y omisiones.

A pesar de que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en 2018, y que se ha detenido a exfuncionarios federales y militares, las familias consideran que la verdad aún está incompleta y que las investigaciones siguen sin alcanzar a los altos mandos responsables.

El encuentro con Sheinbaum del próximo martes se da en un momento clave para definir el rumbo de la investigación bajo la nueva administración, y para recuperar la confianza de las víctimas en el proceso de justicia transicional.

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