El 26 de septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa. Hasta la fecha, sus familias continúan en la búsqueda incansable de la verdad y la justicia, sin obtener respuestas claras sobre el paradero de los jóvenes.
Ante la falta de avances en las investigaciones y la impunidad que prevalece en el caso, los padres y madres de los normalistas, junto con la comunidad estudiantil, han decidido emprender una serie de protestas a partir del 18 de septiembre, con el objetivo de exigir justicia y mantener viva la memoria de los desaparecidos.
Serie de protestas
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43, ha adelantado que las movilizaciones comenzarán con una manifestación en Chilpancingo, Guerrero, el próximo 18 de septiembre. Posteriormente, se trasladarán a la Ciudad de México, donde tienen programadas diversas acciones de protesta frente a instituciones gubernamentales como la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La culminación de estas protestas está prevista para el 26 de septiembre, día en que se realizará una marcha nacional que partirá del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, a las 16:00 horas. Asimismo, el 27 de septiembre se llevará a cabo una ofrenda floral en Iguala, Guerrero, en memoria de los caídos.
Normalistas de Ayotzinapa vandalizan Congreso de Guerrero
Cabe mencionar que el pasado viernes, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa protagonizó disturbios al incendiar varios vehículos y causar destrozos en el Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, como parte de una protesta por el décimo aniversario de la desaparición de 43 de sus compañeros.
Entre las demandas de los jóvenes se encuentra la exigencia de justicia y castigo para los responsables de este lamentable suceso, así como la petición de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome medidas efectivas para esclarecer el caso.
A pesar de que la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, los manifestantes piden hacer más para resolver el caso.
Aunque las autoridades de Guerrero no reportaron detenciones relacionadas con los disturbios en el Congreso, se estima que al menos una decena de autos fueron incendiados durante las protestas. Del mismo modo, se registraron actos vandálicos como el lanzamiento de petardos y piedras que ocasionaron daños en las ventanas de las oficinas de los legisladores locales.
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