Para el ejercicio fiscal 2026, los partidos políticos deberán destinar más de 221 millones de pesos a impulsar la participación política de las mujeres, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El organismo electoral explicó que estos recursos son de uso obligatorio y exclusivo para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político femenino, conforme a la Ley General de Partidos Políticos.

Según el INE, el monto corresponde al 3 por ciento del financiamiento público ordinario que reciben los partidos para el sostenimiento de sus actividades permanentes durante 2026.

Morena, al ser el partido con mayor financiamiento público, deberá canalizar 78 millones 473 mil pesos para estos programas dirigidos a fortalecer la participación política de mujeres. El Partido Acción Nacional tendrá que destinar 38 millones 936 mil pesos, mientras que el PRI deberá aplicar 29 millones 473 mil pesos en proyectos específicos.

En el caso de Movimiento Ciudadano, el monto obligatorio asciende a 29 millones de pesos, mientras que el PVEM deberá destinar 20 millones 118 mil pesos. Estos recursos buscan reducir brechas históricas de género dentro de la vida política nacional y fomentar el acceso de mujeres a espacios de decisión.

Vigilancia, usos permitidos y ajustes futuros

El INE precisó que el dinero solo puede emplearse en capacitación y formación política, investigación y estudios especializados, así como divulgación y difusión. Las autoridades subrayaron que los fondos no pueden utilizarse para gastos ordinarios, campañas electorales ni fines distintos a los establecidos por la ley.

La vigilancia del correcto uso del recurso estará a cargo del Consejo General del INE, con apoyo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Este proceso incluye revisión de proyectos, comprobación de gastos y evaluación de resultados, con el objetivo de garantizar impacto real.

El instituto también advirtió que habrá ajustes en los montos si nuevos partidos nacionales obtienen registro a partir de julio. En ese escenario, el porcentaje obligatorio se redistribuiría entre todas las fuerzas políticas con registro nacional vigente.

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