En México, más de 4 millones de padres no participan en la crianza de sus hijos, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta situación afecta directamente a millones de mujeres que, en solitario, asumen la responsabilidad económica, emocional y doméstica del cuidado y formación de sus hijas e hijos.

De los 21.2 millones de padres identificados por el INEGI, el 9.3% no vive con sus hijos ni colabora activamente en su educación o sustento. Como consecuencia, existen 4.18 millones de hogares encabezados exclusivamente por mujeres, quienes enfrentan una doble o triple jornada de trabajo sin apoyos institucionales suficientes.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), siete de cada diez madres buscan empleos flexibles que les permitan conciliar el trabajo con el cuidado infantil. No obstante, la mayoría de estos empleos se encuentran en condiciones precarias: bajos salarios, sin prestaciones laborales y muchas veces en la economía informal o no regulada.

Además, las mujeres mexicanas dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres solo invierten 15.9 horas en estas tareas. Esa diferencia representa una jornada laboral completa no reconocida, lo que limita las oportunidades de desarrollo económico, profesional y personal de millones de madres solteras mexicanas.

Registro de Deudores Alimentarios

Para combatir esta problemática, se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), herramienta que identifica a quienes incumplen con el pago de las pensiones alimenticias establecidas legalmente. En 2023 se promulgó la Ley Sabina, la cual impone restricciones a los deudores alimentarios, como la imposibilidad de salir del país o contraer matrimonio legalmente.

También contempla la suspensión de trámites como pasaportes, licencias, la adquisición de propiedades o el acceso a cargos públicos, salvo que se regularicen los pagos pendientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales estas medidas por ser proporcionales, reversibles y orientadas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, la implementación de esta ley es aún desigual. Varias entidades no han armonizado su legislación o no cuentan con registros de deudores en funcionamiento. La falta de voluntad política y coordinación institucional limita el impacto de esta norma, dejando en vulnerabilidad a millones de menores y a las mujeres que los crían solas.

Detrás de cada caso de paternidad ausente, hay una historia de desigualdad, esfuerzo invisible y falta de corresponsabilidad que sigue sin respuesta contundente desde el Estado mexicano.

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