En medio de la creciente controversia en Nuevo León, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso del estado, anunció planes para presentar un punto de acuerdo la próxima semana solicitando una investigación exhaustiva de la Auditoría Superior de la entidad. La solicitud tiene como objetivo esclarecer si la administración de Samuel García, actual gobernador del estado por Movimiento Ciudadano, otorgó 18 contratos por más de 178 millones de pesos a una empresa vinculada con su padre durante 2022.

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, De la Fuente destacó la importancia de llevar esta información más allá de las notas periodísticas y abogó por una investigación profunda.

Se refirió a los informes que sugieren que el Gobierno estatal, encabezado por Samuel García, habría otorgado contratos significativos a empresas asociadas con el despacho del padre del gobernador. La cifra en cuestión asciende a 178 millones de pesos, según la denuncia.

‘El próximo lunes voy a subir un punto de acuerdo en el Pleno del Congreso del estado para pedir una auditoría de carácter excepcional para estas empresas y ver la relación que tienen con la empresa del papá de Samuel, ver si hay un conflicto de interés que esto puede desarrollar y si hay un posible delito en dicho gasto’, anunció De la Fuente. Subrayó la necesidad de que la Auditoría Superior del estado, como entidad encargada de revisar el gasto público, realice una investigación a fondo.

La información en cuestión fue revelada en una investigación llevada a cabo por el periódico La Jornada, detallando presuntas conexiones entre las empresas beneficiadas y Orlando García Mascorro, el padre de Samuel García.

Critica jugada de Samuel García para dejar a Javier Narro como encargado de Despacho

Además de estas alegaciones, De la Fuente comentó sobre la designación de Javier Navarro, secretario General de Gobierno, como encargado de Despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo en la entidad. El diputado del PAN calificó esta acción como una maniobra para evitar que el Congreso estatal designe a un gobernador interino, insistiendo en que es una táctica legalmente cuestionable de Samuel García.

‘Creemos que es una jiribilla jurídica como las que ha venido manejando Samuel García para tratar de no dar cumplimiento a lo que marca la Constitución de Nuevo León, que es el Congreso del estado quien debe designar al gobernador interino para cuando el gobernador pide una licencia por más de 30 días’, explicó De la Fuente.

Este nuevo desarrollo en la política neoleonesa refleja un clima de tensión y escrutinio en torno a la administración de Samuel García, cuestionando la transparencia y legalidad de la asignación de contratos gubernamentales en el estado. La presentación del punto de acuerdo la próxima semana marcará un capítulo importante en la respuesta institucional a estas acusaciones.

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