Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron un informe oficial para esclarecer la salida de más de 100 trabajadores durante las últimas semanas y determinar si se trató de renuncias voluntarias, despidos, terminaciones de contrato o solicitudes de renuncia por parte de algunas áreas administrativas.

Durante una sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, la consejera Rita Bell López señaló que, de manera extraoficial, la Secretaría Ejecutiva informó sobre la renuncia de poco más de un centenar de personas. Sin embargo, indicó que también existen versiones sobre presuntas solicitudes de renuncia en algunas áreas del organismo, entre ellas la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación.

La consejera manifestó preocupación por la falta de información institucional detallada sobre estas bajas laborales y consideró necesario que cualquier decisión relacionada con el personal esté respaldada por criterios objetivos, metodologías claras y mecanismos de evaluación transparentes.

Asimismo, pidió que se garantice el respeto a los derechos laborales de los trabajadores involucrados y que se cubran oportunamente las prestaciones que correspondan conforme a la ley.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas advirtió que el INE ha enfrentado diversos recortes presupuestales desde las elecciones federales de 2024, situación que, aseguró, ha impactado proyectos, actividades operativas y condiciones laborales dentro del organismo.

El integrante del Consejo General consideró que las medidas de austeridad han alcanzado niveles que obligan a revisar el equilibrio entre el ahorro institucional y la capacidad operativa del instituto. En ese sentido, sostuvo que resulta complicado exigir nuevas responsabilidades al órgano electoral mientras continúan las restricciones presupuestales.

A su vez, el consejero Arturo Chávez llamó a esperar la presentación de un informe institucional que detalle las circunstancias en las que ocurrieron las salidas de personal antes de emitir conclusiones sobre la legalidad o irregularidad de los procesos.

El debate se produce en un contexto de cambios internos dentro del organismo, luego de la renovación de la mayoría de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas impulsada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Algunos de estos nombramientos fueron previamente impugnados por integrantes del propio Consejo General, quienes cuestionaron el cumplimiento de ciertos requisitos legales y la integración paritaria de los cargos directivos. Posteriormente, el instituto realizó ajustes para garantizar la igualdad de género en dichos puestos.

Además de solicitar claridad sobre las bajas laborales, las consejerías insistieron en la necesidad de contar con recursos suficientes para la organización de las elecciones intermedias de 2027, uno de los procesos electorales más importantes del próximo ciclo político nacional.

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