Poder Judicial da ultimátum a SEP y Mejoredu para iniciar trámites de prueba PISA
22/05/2024 - Hace 4 semanas en MéxicoPoder Judicial da ultimátum a SEP y Mejoredu para iniciar trámites de prueba PISA
El Poder Judicial de la Federación tomó medidas contundentes para garantizar la participación de México en la Prueba PISA, una evaluación internacional clave para medir el desempeño educativo del país.
Ante la inacción de las autoridades, el órgano judicial ha ordenado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) acreditar en un plazo de 24 horas haber realizado los trámites y gestiones necesarias ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para asegurar la aplicación de la prueba.
La resolución judicial es resultado de un amparo interpuesto por la organización Educación con Rumbo (ECR), que logró una suspensión definitiva que obliga a las autoridades a garantizar la participación de México en la prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 años. De no cumplir con el plazo establecido, se impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Urgencia por salvaguardar el derecho a la educación
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez enfatizó la urgencia de cumplir con las determinaciones del Poder Judicial para salvaguardar el derecho humano a la educación. Según sus palabras, el impacto de no llevar a cabo la prueba afecta de manera directa a 24 millones de estudiantes y a un millón de docentes, al privarlos de contar con un diagnóstico objetivo del estado de la educación en México, necesario para implementar políticas públicas que permitan garantizar la mejora continua en la educación, como lo establece la Constitución y el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño.
Sociedad civil y Poder Judicial exigen acción
Mientras que en diversos países de la OCDE se han iniciado los trabajos de arranque y pilotaje de la Prueba PISA, en México, la sociedad civil y el Poder Judicial se han visto en la necesidad de exigir a las autoridades llevar a cabo los trámites para asegurar que la evaluación se realice en el ejercicio 2025.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, destacó la delicada situación en la que se encuentra el país, ya que la siguiente administración requerirá los parámetros técnicos proporcionados por la Prueba PISA para elaborar el Programa Sectorial de Educación 2024-2030 con la participación de la sociedad.
El ultimátum del Poder Judicial de la Federación a la SEP y Mejoredu para iniciar los trámites de la prueba piloto PISA en un plazo de 24 horas representa un paso crucial para garantizar el derecho a la educación y la mejora continua del sistema educativo mexicano.
La sociedad civil y las autoridades judiciales han asumido un papel proactivo ante la inacción de las instituciones responsables, buscando salvaguardar los intereses de millones de estudiantes y docentes que dependen de evaluaciones objetivas para impulsar reformas y políticas públicas efectivas en el ámbito educativo.
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